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Nuevo curso de actualización del Código Penal para abogados


El Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados termina de aprobar, en su sesión plenaria del día veintiuno de enero de este año, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se altera la Ley Orgánica 10/1995, de veinticinco de noviembre, del Código Penal (http://codigopenal.net). Se trata de un primer paso que abre la puerta a la tramitación en el Senado que, a la vista del ritmo que ha tomado el discute, hace más que previsible que la reforma sea una realidad en los próximos meses. Se trata de una ambiciosa reforma que altera múltiples cientos de artículos del Código Penal actual.

Como en toda obra jurídica de esta extensión, existen aspectos novedosos de gran trascendencia. No es sencillo hacer un pronóstico sobre el texto terminante que va a ser claramente aprobado. Mas todo apunta a que el paso por el Senado no será un mero trámite. Una vez aprobada, la reforma va a entrar en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (enlace).

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Cambios en el código penal

Conscientes de la provisionalidad de muchos de sus preceptos, nos marchamos a limitar a indicar ciertas de sus novedades más destacadas:

a) Se introduce la cárcel permanente revisable. Es una pena impuesta a delitos de extrema gravedad –asesinatos en especial graves, homicidio del Jefe del Estado o bien de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros, genocidio y crímenes de lesa humanidad- que se identifica por tener una duración indeterminada, aunque sostiene a un régimen de revisión. Como explica el legislador en la Exposición de Motivos del proyecto, tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza y una vez acreditada la reinserción del penado, este puede conseguir una libertad condicionada al cumplimiento de determinadas demandas, particularmente, la no comisión de nuevos hechos delictivos. Se trata, por lo tanto, de hacer posible, una vez cumplida parte de la pena, una nueva valoración por un Tribunal de las circunstancias personales del autor. No forma por esta razón una pena terminante, sino más bien una contestación penal ajustada al comienzo de culpabilidad y variable dependiendo del grado de reinserción del penado.

b) Se regula con nuevo criterio la suspensión condicional de la pena, de tal manera que la existencia de antecedentes penales no sea –como hasta el momento viene siendo- un obstáculo insuperable para el otorgamiento de este beneficio que, como es sabido, evita el ingreso en cárcel. Se flexibilizan las consecuencias de la recaída de los drogodependientes en la droga, de tal forma que el condenado que padece una adicción y al que se otorga la suspensión de la pena para someterse a un proceso de deshabituación, no siempre y en toda circunstancia pierde el beneficio a consecuencia de una recaída.

c) Asimismo se otorga mayor flexibilidad a la nueva regulación de la libertad condicional. De esta manera, cuando se trate de criminales primarios, ya no va a ser preciso, como hasta el momento, haber extinguido 3 cuartas unas partes de la condena. Se adelanta la posibilidad de acceder a esa libertad condicional con el cumplimiento de la mitad de la pena.

d) Se da nuevo enfoque a la cancelación de antecedentes penales, eliminando la demanda de la perseverancia del pago de la responsabilidad civil o bien la declaración de insolvencia. Al tiempo, se examinan los plazos previstos para la cancelación de los delitos de mayor gravedad, que se elevan hasta los diez años.

La reforma introduce una ambiciosa regulación del decomiso, en sus 3 formas de decomiso autónomo –en los casos en los que el penado haya fallecido o bien no pueda ser juzgado-; el decomiso ampliado –referido a la ejecución de recursos no relacionados directamente con el delito enjuiciado, mas respecto de cuya posesión existen fundados rastros de origen ilegal- y el decomiso de recursos de terceros –en aquellas ocasiones en las que el procedimiento se dirige contra terceras personas a las que el responsable ha transferido una parte de sus ganancias.

f) Para conseguir mayor eficiencia en la prosecución de ciertos delitos y resguardar a los pequeños contra la explotación y el abuso sexual, se impone con carácter general la obligación de anotar los perfiles genéticos de ADN a aquellos a los que se imputan delitos contra la vida, la integridad física, la libertad o bien la libertad y también indemnidad sexual. Toda vez que exista un peligro relevante de reiteración delictiva.

g) Se da nueva redacción al delito de asesinato, creando la figura de los asesinatos singularmente graves: asesinato de menores de dieciseis años o bien de personas singularmente frágiles, asesinatos siguientes a un delito contra la libertad sexual, asesinatos cometidos dentro de una organización delincuente y asesinatos reiterados o bien cometidos en serie. Y se amplían las tipos del asesinato ordinario, incluyendo como semejantes los presuntos en los que se causa la muerte de otro para facilitar la comisión de otro delito o bien eludir su descrubimiento.

Estas son solo ciertas de la novedades de una reforma considerablemente más extensa que incluye nueva redacción en los delitos de detención ilegal, delitos contra la libertad sexual –elevando la edad para la prestación del permiso-, pornografía infantil, delitos contra la amedrentad –entre los que se incluye la divulgación de imágenes o bien grabaciones de una persona que han sido conseguidas con su permiso, mas que se difunden sin él-.

Se abordan asimismo novedades en la regulación de los delitos patrimoniales, agudizando la multirreincidencia, con una nueva regulación de las agravantes concretas previstas para esa clase de delitos y con un tratamiento de la administración infiel y la apropiación incorrecta, meridianamente distinguida del delito societario.

No se terminan acá las novedades. La tramitación parlamentaria en el Senado, que se comienza en los próximos días, va a dar ocasión para conocer el alcance terminante de una de las reformas parciales del Código Penal más extensas desde su aprobación en el año mil novecientos noventa y cinco.

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